¿Qué es la traducción institucional?

En primer lugar, hay que distinguir dos amplios sectores dentro del mercado de la traducción:
-sector privado
-sector público o institucional

En el sector privado podemos encontrar a los traductores autónomos, las agencias de traducción, etc. Normalmente los traductores en este sector pueden dedicarse, en principio, a distintos ámbitos, pues trabajan para todo tipo de clientes, aunque lo habitual es que con el tiempo se especialicen en un campo concreto.

El sector público o institucional engloba los Ministerios y organismos dependientes de las administraciones públicas, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, entidades financieras y algunas empresas. En este ámbito, los traductores suelen estar especializados principalmente en traducción jurídica, económica y científico-técnica. La traducción institucional se lleva a cabo tanto a nivel internacional como nacional.


A nivel internacional, la traducción e interpretación institucional se lleva a cabo en organismos internacionales como la ONU, que tiene 6 lenguas oficiales (inglés, francés, ruso, español, chino y árabe) y en los organismos supranacionales, por ejemplo aquellos que dependen de la Unión Europea (Comisión Europea, Parlamento Europeo, Comité Económico y Social, Comité de las Regiones y el Tribunal de Justicia). En este caso la traducción no siempre se realiza desde España
aunque sí la llevan a cabo traductores españoles. Ello se debe a que en las instituciones mencionadas existen traductores en plantilla, que trabajan en las sedes y traductores externos que colaboran con ellas ocasionalmente, a menudo desde el extranjero.
Por otra parte, dentro de la traducción institucional a nivel internacional también se incluye la oferta generada por las Organizaciones No Gubernamentales, que con frecuencia suelen contar con traductores e intérpretes contratados, además de los colaboradores voluntarios.

La alta cualificación exigida para acceder a las instituciones antes mencionadas hace necesaria una formación académica, si bien no específica en traducción. En la Unión Europea cada vez es más habitual encontrar la figura del jurista-lingüista que responde al perfil de un licenciado en Derecho al que se le exige el conocimiento profundo de al menos dos lenguas y que se encarga tanto de la traducción como de la revisión de los textos jurídicos que se producen en las instituciones. Esto demuestra la importancia que se otorga tanto a las competencias lingüísticas como a los conocimientos de la materia que se traduce.
La oferta laboral de estas instituciones es muy cotizada tanto por la alta retribución como por el reconocimiento social. Es difícil conseguir un contrato permanente pero con frecuencia se solicitan colaboradores externos. Más adelante explicaré en otra entrada, con más detalle, cómo se lleva a cabo el trabajo de traducción tanto en las Naciones Unidas como en la Unión Europea.

A nivel nacional, la traducción institucional se lleva a cabo principalmente en el seno de la Administración Pública española fundamentalmente. En este caso, podemos observar que el hecho de que los funcionarios dediquen toda o parte de su actividad a la traducción no significa que realmente tengan el rango de traductores en estos organismos. A menudo se trata de personas que fueron contratadas para desempeñar otras funciones pero por cuyo conocimiento de lenguas extranjeras la administración considera que son idóneas para realizar tareas de traducción e interpretación. Con frecuencia se recurre a la contratación de estos servicios a través de empresas privadas. Los traductores e intérpretes se concentran, dentro de la administración, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Justicia y Ministerio de Interior principalmente.

En la Administración de Justicia española, los traductores llevan a cabo también funciones de interpretación por lo que se podría hablar de traductores-intérpretes. En este caso se exige el conocimiento profundo de dos lenguas extranjeras, así como poseer amplios conocimientos jurídicos. La labor de traducción e interpretación se desarrolla fundamentalmente en el ámbito penal. Entre las tareas que se suelen llevar a cabo en este ámbito se encuentran:
-interpretación
-la traducción a la vista en juicios (cuando se trata de documentos importantes en la causa que no se han podido traducir por falta de tiempo)
-traducción directa e inversa de documentación de diversa índole en la administración de justicia
-transcripciones y traducciones de conversaciones telefónicas, archivos de audio y vídeos.
La principal dificultad de este tipo de traducciones e interpretaciones radica en las grandes diferencias que existen entre los distintos ordenamientos jurídicos de los distintos países, pues no siempre se encuentra una correspondencia terminológica adecuada y ello ocasiona problemas en la transmisión del mensaje.
Para acceder a un puesto de traductor se convocan oposiciones anualmente. Resulta contradictorio que para desempeñar la labor de traducción en este ámbito se exija el dominio de dos lenguas extranjeras y amplios conocimientos jurídicos y que el nivel mínimo de estudios que se requiere para opositar al Ministerio de Interior sea el equivalente al Bachillerato.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) cuenta con un cuerpo de traductores e intérpretes al que también se accede mediante oposición. Alberga la Oficina de Interpretación de Lenguas. Entre sus funciones se encuentra la de traducir al castellano los tratados y convenios internacionales, documentos consulares, diplomáticos o administrativos del Ministerio, así como de la legalización de las traducciones juradas y el registro de los Intérpretes Jurados de toda España.

Por otra parte, cabe mencionar la llamada traducción diplomática, que es la que se lleva a cabo dentro de las embajadas y consulados. Si bien es cierto que en las embajadas no es habitual encontrar un servicio de traducción específico. Dentro de la traducción diplomática existen dos grupos de documentos: los correspondientes a la cancillería y los consulares. A los traductores diplomáticos se les exige, además de las traducciones, la redacción de informes económicos y políticos.

Los ayuntamientos y las delegaciones de gobierno de las distintas comunidades autónomas también requieren los servicios de traductores e intérpretes y convocan oposiciones periódicamente.